por Miguel Angel Granados Chapa en "Plaza Pública" en Reforma 28 mayo 2006
El Tribunal ha actuado sin complacencias a favor de uno u otro partido pero también lo ha hecho en contra. Es un error tacharlo de partidista por el hecho de que circunstancialmente haya actuado en beneficio del que fuera
La deplorable conducta del presidente Fox Quesada al entrometerse en la contienda electoral en vez de mantenerse situado por encima de ella, como lo hace posible y lo demanda su condición de jefe del Estado, lo condujo a perder la oportunidad, en caso de ser necesario, de actuar como árbitro político. Pero no por esa pérdida la institucionalidad ha quedado al garete. Está en pleno vigor el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en la ley y en los hechos ejerce en último término la función de arbitraje. Es el órgano que dice la última palabra en los procesos electorales y lo ha hecho de tal modo que en casi 10 años de actuación ha contribuido a crear una cultura que prácticamente eliminó la protesta postelectoral, que era frecuente en los comicios de todos los niveles.
Ya se habla, como si fuera un infortunio, de que la elección se va a judicializar, de que lo que un partido pierda en las urnas pretenderá ganarlo en el Tribunal y se lamenta que esta institución sea a la postre quien declare quién es Presidente electo. Así será, pero no por una respuesta de emergencia ante un eventual conflicto, sino porque así lo dispone la ley. Cuando partidos y candidatos impugnen resultados de la elección, no procederán por incivilidad y menos aun por salvajismo, sino porque lo permite la ley. Acudirán ante la sala superior del Tribunal federal, como lo han hecho miles de veces protagonistas de conflictos electorales que, a la postre, se atienen a la jurisdicción de ese órgano. Así ocurrirá en los dos meses posteriores al 2 de julio: cualquiera que sea el resultado, el Tribunal resolverá las impugnaciones que se le sometan, a través de juicios de inconformidad, cuya tramitación concluirá a más tardar el 31 de agosto.
También a más tardar el 6 de septiembre, la sala superior del Tribunal realizará el cómputo final de la elección presidencial, mediante la suma de los resultados finales anotados en cada una de las 300 actas del cómputo distrital (que se habrá realizado el miércoles siguiente a la jornada, el 5 de julio). El árbitro electoral determinará qué candidato obtuvo el mayor número de votos, en su caso declarará válida la elección y declarará también al Presidente electo.
Así procedió ya el Tribunal una vez. Todavía en 1994, la elección presidencial fue calificada por la Cámara de Diputados (dominada entonces, por última vez, por mayoría priista) erigida en colegio electoral, que declaró Presidente electo a Ernesto Zedillo. No fue así en 2000, cuando terminó la era de la calificación política y comenzó la de la calificación jurídica. La iniciación del Tribunal en ese menester fue sencilla. La Alianza por México (entonces constituida por el PRD y sus socios menores) inició únicamente dos juicios de inconformidad por el cómputo en sendos distritos, lo que permitió al órgano judicial resolver los casos el 27 de julio. En 2 de agosto, más de un mes antes de lo necesario, se emitió el dictamen que declaró Presidente electo a Vicente Fox.
Podría no ser tan sencilla esta vez la tarea del Tribunal. Acaso se multipliquen las impugnaciones, sobre todo si la diferencia entre el número de votos que obtenga el candidato victorioso y el de sus contrincantes es reducida. Pero como los partidos estarán convenientemente representados en las mesas electorales y en los consejos distritales, que son las autoridades que emiten los resultados, en esas instancias se debatirá la calidad de la elección antes de que los casos no resueltos, los casos extremos lleguen al Tribunal.
En todo caso, ese órgano está preparado para su función. Aunque como es obvio sus resoluciones no complacen a las partes (a veces ni siquiera a la que se le da la razón, cuando no se satisfacen todas sus demandas), el Tribunal se ha acreditado al dirimir asuntos rutinarios y también al abordar algunos suscitados por conflictos complicados y que envuelven intereses poderosos. Basta recordar que embatió al cacicazgo priista en Yucatán y anuló comicios tramposos para elegir gobernador en Tabasco y Colima. Pero se equivoca quien crea con esos datos que el Tribunal es antipriista. Supone lo contrario quien criticó sus decisiones sobre las más recientes elecciones en Veracruz y Oaxaca, por ejemplo, donde fueron confirmados por el Tribunal los resultados favorables al partido tricolor. Los panistas resintieron la orden de retirar spots contrarios a la sana convivencia electoral, emitida el miércoles pasado por el Tribunal, que hizo lo propio con otro mensaje, del PRI, en el mismo sentido. Pero dos días después confirmó una multa de 39 millones de pesos impuesta por el IFE al PT, integrante de la coalición "Por el Bien de Todos", cuyo candidato presidencial es López Obrador.
Si bien la justicia electoral empezó a ser dibujada desde la reforma política emprendida en 1977 por Jesús Reyes Heroles, entonces con timidez, sólo adquirió densidad verdadera dos décadas más tarde. En 1996 el Ejecutivo perdió funciones en materia electoral, cuando el IFE fue convertido en órgano constitucional autónomo, y en la impartición de justicia en esa rama. El tribunal correspondiente dejó de ser administrativo y quedó adscrito al Poder Judicial de la Federación. Por ese motivo, el proceso de su nueva integración quedó en manos de la Suprema Corte de Justicia y del Senado. La Corte emitió una convocatoria en respuesta a la cual se inscribieron 292 aspirantes a ser magistrados, cuya lista fue hecha pública a fin de que quedaran sujetos a objeciones. De aquel número, el pleno de la Corte seleccionó a 66 personas, de las que el Senado elegiría a 22 magistrados, siete de la sala superior y tres de cada una de las cinco salas regionales (que, a diferencia de aquella, que es permanente, funcionan sólo durante los procesos electorales).
El 31 de octubre de 1996, con el voto de más dos terceras partes de los miembros presentes y ninguno en contra, fueron elegidos integrantes de la sala superior (que por simplificación solemos identificar con el Tribunal), para un periodo de 10 años, Leonel Castillo González, José Luis de la Peza Muñoz Cano, Eloy Fuentes Cerda, Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, José de Jesús Orozco Henríquez y Mauro Miguel Reyes Zapata. Con motivo de la muerte del magistrado De la Peza, fue elegido José Alejandro Luna Ramos, que era magistrado de circuito. Como él, sus compañeros tenían experiencia como jueces en general o en la materia electoral específica. Los propios magistrados de la sala superior eligen a su presidente. Lo han sido el extinto don José Luis, Ojesto y Fuentes Cerda, que luego de un brevísimo periodo fue reemplazado por el actual, Castillo.
Ante la denuncia, meramente política y mediática durante varios meses, pero ahora convertida en penal por el PRD y el PRI respecto de la utilización de recursos gubernamentales en la contienda presidencial, y los barruntos de que por ella podría ser demandada la nulidad de la elección, conviene decir dos cosas. Una es que, al invocarla, Roberto Madrazo Pintado es como el burro que habla de orejas, pues el impulso que él directamente y su gobierno dieron en 2000 a la elección de Manuel Andrade provocó la anulación de esos comicios, viciados por conductas como las que ahora denuncia, porque se generan en su perjuicio.
La otra es que no necesariamente tendremos una elección tan cerrada que produzca un resultado incierto que sólo sea posible conocer al cabo de la resolución de las impugnaciones. Si bien nadie puede restar valor a las encuestas de intención de voto como instrumento no de pronóstico electoral sino de posición de los eventuales votantes, es preciso tener presente la obviedad de que una diferencia de uno por ciento en las mediciones estadísticas, tan angosta que los expertos no la consideran y dictaminan empate técnico, es sólo muy breve en esa lógica de medición, pero no en el mundo real, en el de las papeletas que se depositan en las urnas y se cuentan y suman. Dependiendo del número de asistentes a la elección, uno por ciento de los votos significa en el peor de los casos (es decir, con abstención muy anormal) más de 300 mil sufragios. Puede haber confusión y pasmo, y hasta manipuleo, el día de la elección, en que sólo se conocerán porcentajes. Pero dejará de haberlos cuando se cuenten los votos.
